La titular de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronnif) en Nadadores ha presentado una denuncia formal contra Jesús N, quien recientemente fue vinculado a proceso por delitos de violencia familiar, tras retirarle a sus hijos el hombre empezó a acosarla.
Este caso ha generado gran preocupación en la comunidad, dado el contexto de agresiones y amenazas que la funcionaria ha enfrentado.
El 28 de mayo, Giselle, concubina de Jesús N, se presentó en las oficinas de la Pronnif, ubicadas en el mismo edificio que el DIF municipal. La visita se debió a que la dependencia había retirado a sus hijos por omisiones de cuidado detectadas. Sin embargo, tras la detención de Jesús N y su presentación ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, se desató una serie de eventos alarmantes.
Durante su detención, Jesús N mostró un comportamiento agresivo y amenazante hacia la titular de la Pronnif, advirtiéndole: "No sabes con quién te estás metiendo, te va a costar tu trabajo". A pesar de los intentos de calmarlo por parte de un hermano suyo, quien es trabajador municipal, Jesús continuó con su actitud desafiante, señalando a la funcionaria: "Te vas a arrepentir".
Posteriormente, Jesús N comenzó a acosar a la titular a través de redes sociales, realizando comentarios como "Ya ven por qué no tiene hijos", entre otros mensajes que llevaron a la funcionaria a tomar medidas legales.
Posterior a la audiencia, se dictaron medidas de protección dirigidas a salvaguardar la integridad de la titular de la Pronnif. Estas medidas incluyen la prohibición para Jesús N de acercarse a la víctima por cualquier medio o a través de terceras personas, así como evitar cualquier mensaje que implique agresión. El juez ratificó estas medidas, las cuales tendrán una duración de 90 días.
Este caso pone en evidencia no solo los problemas relacionados con la violencia familiar, sino también el acoso que enfrentan quienes trabajan para proteger los derechos de niños y adolescentes en situaciones vulnerables. Las autoridades han manifestado su compromiso para garantizar un entorno seguro tanto para las víctimas como para los profesionales dedicados a su protección.
