Las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico contra diez políticos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, han generado una fuerte sacudida política en México y abren un escenario complejo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los señalamientos, presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, marcan uno de los episodios más delicados en años recientes en torno a la llamada “narcopolítica”.
Acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.
El caso coloca a la administración federal ante una disyuntiva: proceder contra integrantes de su propio partido o tensar la relación con el gobierno de Donald Trump, particularmente en materia de cooperación contra el narcotráfico. Las acusaciones fueron formalizadas por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrence C. Cole.
De acuerdo con los señalamientos, los implicados —todos vinculados a Morena— habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Entre ellos se mencionan figuras de alto perfil, como un alcalde de Culiacán, un senador y un funcionario estatal.
Reacciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Tras darse a conocer las acusaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de detención con fines de extradición, aunque señaló que no se presentaron pruebas suficientes para sustentar los cargos. Los expedientes fueron turnados a la Fiscalía General de la República, que coincidió en la falta de elementos, pero anunció la apertura de una investigación.
En su posicionamiento, Sheinbaum respaldó esta postura: no desestimó las acusaciones, pero subrayó que cualquier acción dependerá de los resultados de las indagatorias. Además, advirtió que, en caso de no encontrarse pruebas, podría tratarse de una acción con tintes políticos, al tiempo que defendió la soberanía nacional frente a posibles presiones externas.
Tensión en la relación México-EE.UU.
El contexto agrava la situación. Días antes, la relación entre ambos países ya enfrentaba tensiones tras un operativo en Chihuahua en el que participaron agentes estadounidenses sin autorización del gobierno mexicano. El incidente, que incluyó la muerte de dos agentes presuntamente vinculados a la CIA, generó reclamos diplomáticos y fricciones adicionales.
En paralelo, desde la Casa Blanca se han emitido críticas hacia la postura mexicana, mientras que en el ámbito interno el caso ha escalado al debate político, con señalamientos cruzados entre oficialismo y oposición.
El propio Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia, argumentando que forman parte de una estrategia que vulnera la soberanía del país. En la misma línea, otros políticos señalados han apelado al discurso nacionalista frente a lo que consideran injerencia extranjera.
Analistas advierten que cualquier decisión implicará costos. Colaborar con Estados Unidos podría abrir cuestionamientos sobre corrupción dentro del partido gobernante, mientras que negarse podría desencadenar represalias, desde presiones comerciales hasta acciones unilaterales.
El desenlace de este caso será determinante para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, así como para el escenario político interno rumbo a los próximos procesos electorales.
