México debate si la gestación subrogada debe considerarse trata de personas
En medio de un amplio y complejo debate social, diversas organizaciones civiles, activistas y colectivos feministas están empujando una reforma legal que busca reconceptualizar la gestación subrogada como una forma de trata de personas en México —un paso que marcaría un antes y un después en cómo se regula la reproducción asistida en el país.
¿Qué propone la iniciativa?
La discusión ha sido ilustrada, de manera impactante, con una metáfora: un ayuno de agua que terminó con la vida de una bebé por desnutrición. Esta imagen potente se utiliza para señalar que, como en ese caso, las políticas o contratos que parecen inofensivos pueden tener consecuencias letales y profundas, especialmente cuando se trata del cuerpo de mujeres y bebés.
Desde este enfoque, las activistas argumentan que la simple regulación contractual de la gestación subrogada —a través de acuerdos entre "madres sustitutas" y "comitentes"— no protege suficientemente a las mujeres ni a los bebés, ni tampoco afronta las desigualdades que pueden llevar a que mujeres en condiciones vulnerables acepten "contratos leoninos" por necesidad económica.
La reforma plantea modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, incorporando como delito la gestación subrogada. Entre otras definiciones clave:
Se culpa a un intermediario por promover acuerdos de gestación subrogada.
El "comitente" es quien acuerda que otra persona gesta un bebé a cambio de recompensas.
Se propone que la explotación reproductiva sea sancionada con 10 a 20 años de prisión y fuertes multas.
La pena podría aumentarse en casos de menores de edad o cuando hay coerción, engaño o participación de redes organizadas.
Eso sí, la iniciativa también contempla excepciones y matices —por ejemplo, cuando hay servicios médicos integrales de reproducción asistida y todas las partes están conscientes de los derechos del recién nacido, quien sería considerado una víctima más del sistema. Las reformas incluyen protecciones para la mujer gestante, considerándola víctima y garantizando su acceso a reparación integral, sin que enfrente cargos penales por su participación.
Contexto más amplio: una lucha contra la trata en México
Este debate se da en un contexto legal y social más amplio, porque la trata de personas en México es un fenómeno persistente y en crecimiento:
Las captaciones de menores a través de redes sociales se han disparado, con hasta un 81 % de casos identificados iniciados por plataformas digitales.
Organizaciones han pedido fortalecer investigaciones y programas educativos para prevenir la trata, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niños.
El país enfrenta un aumento en los casos reportados, con miles de víctimas y esfuerzos legislativos para tipificar de manera más amplia estas formas de explotación.
Estos factores alimentan el argumento de quienes proponen reformar la ley: no basta con regular contractual o médicamente la gestación subrogada si no se atacan las raíces profundas de la desigualdad y la explotación, especialmente en una sociedad donde la trata sigue siendo un problema estructural.
¿Qué está en juego?
El resultado de este debate podría:
Cambiar cómo México define y sanciona la explotación reproductiva.
Afectar los marcos legales para reproducción asistida en entidades federativas.
Influir en políticas públicas sobre derechos reproductivos, igualdad de género y protección de la niñez.
Incentivar un diálogo más amplio sobre derechos de mujeres, bioética y justicia social.
En definitiva, la discusión trasciende lo jurídico: es una confrontación entre quienes ven la gestación subrogada como un derecho individual y opción reproductiva, y quienes la consideran parte de una lógica de explotación que vulnera cuerpos y vidas en contextos de desigualdad.
