Las bancadas del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados lanzaron un enérgico llamado a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, exigiendo una postura clara y acciones legales contundentes ante las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales.
Tras revelarse que la justicia estadounidense vincula al mandatario sinaloense y al senador Enrique Inzunza con estructuras del crimen organizado, los líderes opositores calificaron el silencio oficial como inaceptable.
El coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, fue enfático al señalar que el Estado mexicano no puede ser omiso ante la gravedad de los señalamientos internacionales.
Claridad pública: Moreira urgió al gobierno federal a emitir un pronunciamiento oficial que resuelva la incertidumbre sobre estas acusaciones.
Separación del cargo: El líder del PRI demandó que Rocha Moya solicite licencia de manera inmediata para permitir una investigación sin obstáculos.
Responsabilidad institucional: Por su parte, el diputado sinaloense Mario Zamora subrayó que, aunque no debe haber juicios sumarios, la responsabilidad de investigar y sancionar recae directamente sobre las instituciones mexicanas.
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, este caso representa un punto de inflexión en la relación bilateral con Estados Unidos y en la lucha interna contra la impunidad.
Examen de cooperación: El blanquiazul calificó la solicitud de extradición como una "prueba de fuego" para determinar si el gobierno de Sheinbaum realmente colaborará con las cortes extranjeras o si protegerá a los señalados.
Crítica a la impunidad: El PAN denunció que, históricamente, los grupos delictivos han gozado de "impunidad total" en el país, por lo que instaron a evitar cualquier tipo de "regateo" en la entrega de justicia.
Puntos de acuerdo de la oposición
Ambas fuerzas políticas coincidieron en tres ejes fundamentales para abordar la crisis en Sinaloa:
Separación inmediata: Tanto el gobernador como los funcionarios implicados deben apartarse de sus puestos para enfrentar el proceso legal.
Investigación local: No depender únicamente de la información extranjera, sino que la federación abra sus propias indagatorias.
Postura de Estado: Que la Presidencia de la República defina si mantendrá el respaldo político al gobernador o si permitirá el avance de la justicia.
"El gobierno mexicano debe salir a aclarar lo que está pasando", sentenció Moreira, mientras el caso escala como el tema prioritario en la agenda legislativa de la semana.
