La polémica volvió a rodear al gobernador de Nuevo León, Samuel García, luego de que legisladores exigieran al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Contraloría estatal investigar el origen de los recursos destinados a publicidad digital en redes sociales por parte del mandatario y su esposa, Mariana Rodríguez.
De acuerdo con reportes difundidos este 29 de abril, diputados de distintas fuerzas políticas señalaron que ambos habrían destinado alrededor de 18.7 millones de pesos en campañas promocionales durante 2026, una cifra que encendió cuestionamientos sobre transparencia, financiamiento y posible uso de recursos públicos.
Legisladores exigen al SAT investigar el origen de los recursos utilizados.
El caso ha generado ruido porque la imagen pública de Samuel García y Mariana Rodríguez se ha construido, en gran parte, desde plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, donde mantienen una presencia constante. Sin embargo, legisladores consideran que el nivel de inversión publicitaria rebasa una simple estrategia de comunicación personal y merece revisión formal.
Entre las principales dudas están:
- ¿De dónde provienen los recursos utilizados?
- ¿Se declararon fiscalmente esos gastos?
- ¿Existe relación con promoción gubernamental disfrazada de contenido personal?
- ¿Se utilizaron recursos públicos o terceros intermediarios?
La imagen pública de Samuel García se construye en redes sociales.
La exigencia también refleja el clima de confrontación política que vive Nuevo León. Opositores han criticado en repetidas ocasiones que el gobernador prioriza su presencia mediática mientras persisten problemas de movilidad, seguridad y agua en la entidad.
Por su parte, simpatizantes del mandatario argumentan que se trata de una campaña de desgaste político rumbo a futuros procesos electorales.
Opositores critican la falta de atención a problemas en Nuevo León.
Si las autoridades fiscales o de control interno deciden abrir una investigación, podrían solicitar comprobantes de pagos, contratos con agencias digitales, facturas y declaraciones patrimoniales relacionadas con esos montos.
Aunque por ahora no existe una resolución oficial, el tema ya se instaló en la agenda pública y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta cada vez más frecuente en la política moderna: ¿cuánto cuesta construir poder desde las redes sociales?
