Ciudad de México.- La extradición de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, desde Estados Unidos a México podría prolongarse debido a diversos factores legales. Aunque la pareja enfrenta acusaciones por peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de tres mil millones de pesos, el proceso judicial para su regreso a territorio mexicano podría ser complejo.
De acuerdo con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ambos se encuentran en Estados Unidos. Sin embargo, aunque el Ministerio Público mexicano ha solicitado su aprehensión, el desbloqueo de sus cuentas bancarias por orden judicial podría beneficiarles mientras continúa el litigio.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, vigente desde 1978, contempla la entrega de personas acusadas de delitos graves. No obstante, para que la solicitud avance, el gobierno mexicano debe presentar pruebas contundentes ante la justicia estadounidense. Este proceso podría extenderse por meses o incluso años, pues los acusados tienen derecho a impugnar y apelar la decisión.
Además, Gómez Mont y Álvarez Puga podrían solicitar asilo en EE.UU. alegando persecución política, estrategia que en otros casos ha servido para retrasar la extradición. Sin embargo, las probabilidades de que se les conceda son bajas, ya que los delitos que se les imputan son de carácter financiero.
Si México aún no ha formalizado la solicitud de extradición, la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) deberían hacerlo pronto. Una vez presentada, la justicia estadounidense evaluará el caso, y de ser aprobada, el Departamento de Estado tendrá la última palabra sobre su ejecución.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el futuro legal de la pareja, cuya ubicación fuera de México ha dificultado su proceso judicial.
