En una votación que ha sacudido los cimientos políticos y sociales de la isla, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una reforma al Código Penal que tipifica el aborto como asesinato en primer grado. Con esta medida, el territorio se convierte en una de las jurisdicciones más restrictivas bajo la bandera de Estados Unidos, imponiendo penas que podrían alcanzar la cadena perpetua tanto para quienes practiquen el procedimiento como para las mujeres que lo soliciten.
La reforma ignora décadas de precedentes legales y ha desatado una ola de indignación entre colectivos de derechos humanos, quienes advierten un retroceso peligroso hacia la clandestinidad y la criminalización de la salud reproductiva.
Detalles de la reforma: Penas y excepciones
El nuevo marco legal establece sanciones severas y elimina gran parte de las protecciones previas:
Clasificación del delito: El aborto se define ahora bajo la figura de "asesinato", lo que implica que el feto es reconocido como persona jurídica con plenos derechos desde el momento de la concepción.
Sentencias: Las penas estipuladas varían entre los 25 años de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo de las circunstancias del caso.
Falta de excepciones: La ley es ambigua respecto a los casos de violación o incesto, centrando la única posibilidad de exclusión penal en situaciones donde la vida de la madre esté en un "peligro inminente y demostrable".
Personal médico: Cualquier profesional de la salud involucrado perderá automáticamente su licencia y enfrentará cargos criminales equiparables al homicidio.
Un panorama de polarización extrema
Esta decisión en Puerto Rico se suma a una semana de noticias internacionales de gran impacto que reflejan una polarización global en temas de derechos:
Argentina: La reciente aprobación de la reforma de Javier Milei que permite pagar salarios con alimentos, otro cambio drástico en los derechos sociales.
México: Un contraste directo en la agenda social; mientras el país se enfoca en la reducción de la jornada laboral a 40 horas y en la visibilización de los desaparecidos de cara al Mundial 2026, los derechos reproductivos siguen bajo debate en varios estados.
Seguridad: El reciente ataque a los escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Zacatecas y la exigencia de Claudia Sheinbaum a EE. UU. por el cierre de El Paso mantienen la atención en la frontera norte.
Reacciones internacionales y desafíos legales
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ONU han expresado su preocupación por la medida. "Esto no es solo un ataque a las mujeres en Puerto Rico, es un desafío directo a los estándares internacionales de derechos humanos", declaró una portavoz de Amnistía Internacional.
Se espera que en las próximas horas se presenten múltiples recursos de impugnación ante los tribunales, buscando frenar la implementación de la ley bajo el argumento de que vulnera la privacidad y la dignidad humana.
