Pide legisladora proteger debido proceso docente

SALTILLO, COAH.- La diputada local Magaly Hernández Aguirre exhortó a retomar el análisis de la iniciativa "Por la dignidad docente y el fortalecimiento del debido proceso", con la que busca crear la Ley para la Protección de las y los Trabajadores de la Educación, al considerar que el personal docente enfrenta condiciones de vulnerabilidad cuando es objeto de denuncias sin que exista una investigación previa.

La legisladora sostuvo que el reciente caso de un maestro del Estado de México, quien presuntamente se quitó la vida tras enfrentar una acusación por abuso sexual que posteriormente fue señalada como infundada, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las garantías legales para quienes ejercen la docencia.

Recordó que hace más de un año presentó esta iniciativa con el propósito de evitar que maestras y maestros sean separados de sus funciones de manera inmediata ante una denuncia, sin que previamente existan elementos suficientes que sustenten la acusación.

Explicó que, bajo el esquema actual, cualquier persona puede presentar una denuncia que derive en la puesta a disposición del docente ante las autoridades, situación que, afirmó, puede ocasionar afectaciones laborales, familiares y personales, además de consecuencias emocionales como ansiedad y depresión.

Hernández Aguirre precisó que la propuesta no pretende obstaculizar la investigación o sanción de quienes resulten responsables de algún delito, sino garantizar que toda actuación se realice conforme al debido proceso y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

"Si un maestro resulta culpable, debe responder conforme a la ley; sin embargo, cuando se demuestra su inocencia, nadie repara el daño moral, económico y profesional que ya sufrió", expresó.

La diputada también señaló que, una vez iniciada una denuncia, la Secretaría de Educación no proporciona representación legal a los docentes involucrados, por lo que éstos deben asumir el costo de contratar abogados particulares para su defensa.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso para que la iniciativa sea revisada y dictaminada a la brevedad, al considerar que el magisterio requiere un marco jurídico que garantice la protección de sus derechos sin menoscabar la impartición de justicia.