NUEVA ROSITA, COAH.- Brianda Estefanía Sosa Vega, síndico de mayoría de San Juan de Sabinas, enfrenta acusaciones por la probable falta de incompatibilidad de funciones y percepción ilegal de recursos públicos. Este asunto deberá ser atendido por las autoridades competentes.
Sosa Vega está acusada de "dobletear" su sueldo y funciones en varios entes públicos. Actualmente, desempeña el rol de coordinadora de infancia y adolescencia y de prevención de accidentes en la jurisdicción sanitaria 03 de la carbonífera, perteneciente a la Secretaría de Salud de Coahuila. Al mismo tiempo, ejerce como síndico de mayoría en el ayuntamiento de San Juan de Sabinas.
La Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza es clara en su artículo 31, señalando que la condición de servidor público del Estado o del Municipio es incompatible con el desempeño de cualquier otro cargo en la Federación, el Estado o los Municipios. Para desempeñar un cargo diferente, el servidor público debe separarse previamente del cargo actual.
El Código Municipal del Estado de Coahuila también reitera en su artículo 39 que los miembros de un ayuntamiento no pueden aceptar el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de los Estados o de otros municipios sin separarse previamente del cargo actual.
El Código Penal de Coahuila, en su artículo 442, define el delito de percepción ilegal de recursos económicos públicos. Este delito incluye recibir cualquier clase de remuneración o pago de una entidad oficial por un servicio supuestamente brindado, sin que en realidad se haya prestado.
Según datos recabados y publicados por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), Brianda Sosa Vega percibe una remuneración mensual de $28,400 como síndico de mayoría, además de un apoyo de $5,000 mensuales y $4,210 en despensa.
Las autoridades competentes están llamadas a investigar y, en su caso, sancionar a Brianda Estefanía Sosa Vega conforme a lo establecido por la ley. La situación pone de manifiesto la necesidad de asegurar la transparencia y la legalidad en el desempeño de funciones públicas.
