Expulsan a alumno de colegio privado tras participar en riña; molesta a madre de familia que el otro involucrado no fuera sancionado con la misma severidad. La señora Mayra Lozano Andrade ha denunciado públicamente lo que considera un atropello por parte de la institución, tras la expulsión definitiva de su hijo, quien cursa el segundo grado de secundaria. Según la madre, el proceso disciplinario carece de toda equidad, ya que el plantel ha decidido dejar fuera al menor mientras que el otro estudiante involucrado permanece en las aulas, rompiendo con el principio de justicia igualitaria que la escuela debería promover.
¿Cómo ocurrió la riña en el colegio?
La tensión escaló cuando la dirección del colegio intentó ocultar la evidencia de los hechos, alegando que las cámaras de seguridad no mostraban imágenes claras. Ante la insistencia de Lozano, se logró revisar el video donde se aprecia que fue el otro joven quien inició la agresión física, dejando al hijo de la denunciante en una posición de defensa. Pese a esta prueba visual y al respaldo de testigos que confirman la versión de la madre, la directora ha mantenido una postura de cerrazón, negándose a reconsiderar la sanción y evitando dar la cara para discutir la situación legal del alumno.
Detalles confirmados sobre el proceso disciplinario
Más allá del incidente reciente, la madre de familia señala un preocupante patrón de favoritismo y protección hacia ciertos alumnos vinculados con el personal administrativo. Lozano relató antecedentes de acoso que su hijo sufrió previamente, incluyendo insultos de la hija de la subdirectora, quien en su momento solo recibió un reporte mínimo como castigo. Esta disparidad sugiere que en el Colegio La Victoria el reglamento se aplica de forma selectiva, favoreciendo a quienes poseen influencias internas y desprotegiendo a quienes no cuentan con "palancas" dentro de la administración.
Impacto en la familia de Lozano
Debido a que la expulsión ocurre en la recta final del ciclo escolar, el daño para la familia es tanto emocional como económico, implicando gastos imprevistos en uniformes, libros y trámites de reubicación. Mayra Lozano ha sido enfática en que no firmará la baja administrativa impuesta por el colegio y que agotará todas las instancias legales para defender el derecho a la educación de su hijo.