Intermediarios sin escrúpulos se aprovecharon del interés de propietarios de vehículos extranjeros
El coordinador regional de la Unión Campesina, José Alanís Rivera, destapó una escandalosa red de corrupción y engaños que operó durante todo el 2025, dejando a más de 900 propietarios de vehículos extranjeros en la ruina. Según el líder de la organización, intermediarios sin escrúpulos aprovecharon la desesperación de la gente para realizar cobros excesivos por trámites que, tras el cierre del decreto el pasado 31 de diciembre, nunca se entregaron.
Impacto en la comunidad
La magnitud del abuso es alarmante: mientras el costo oficial del trámite ante la Secretaría de Hacienda es de solo $2,500 pesos, los llamados "coyotes" llegaron a extorsionar a los ciudadanos con pagos de hasta $13,000 pesos. Con la suspensión del decreto, miles de pesos se han esfumado, dejando a las familias sin dinero y con la incertidumbre de no saber si podrán regularizar sus unidades en el futuro.
Desprotección legal de las víctimas
Lo más grave de esta situación es la total desprotección legal de las víctimas, ya que Alanís Rivera advirtió que no existen leyes o artículos específicos que permitan denunciar este tipo de estafas ante el Ministerio Público. Esto significa que los responsables del "coyotaje" gozan de una impunidad técnica, mientras que el patrimonio de los trabajadores de la Región Centro se pierde sin que las autoridades puedan intervenir directamente para recuperar el efectivo.
Ante este escenario de crisis, la UCD hizo un llamado urgente a la población para que dejen de alimentar esta cadena de abusos y no entreguen dinero a gestores externos. La organización subrayó que la corrupción que marcó al sistema durante el 2025 solo ha servido para enriquecer a unos cuantos, dejando una estela de despojo que ahora obligará a las familias a buscar soluciones en otros estados o esperar una nueva lucha social.
